CAS 1078-2022-HUÁNUCO | ¡Revocan cadena perpetua a violador de menor embarazada! 

El expediente CAS 1078-2022-Huánuco expone un caso de violación sexual agravada contra una menor de edad, cuya gravedad ha puesto en discusión el principio de proporcionalidad de la pena, Cornelio Veramendi Pradas fue condenado en primera instancia a cadena perpetua, tras acreditarse que abusó sexualmente de su hijastra desde que ella tenía cinco años. Los actos fueron continuados, escalaron en intensidad y culminaron en un embarazo que derivó en aborto incompleto. En segunda instancia, la Sala Superior revocó dicha condena e impuso 35 años de prisión, argumentando una valoración basada en la función resocializadora de la pena y la realidad del sujeto condenado.

El iter criminis se identifica con claridad en cada una de sus fases.En la fase de ideación, el procesado planificó o mantuvo la intención delictiva, utilizando su cercanía con la víctima como padrastro y manipulando la relación de confianza. La fase de preparación se evidencia en el aislamiento emocional de la menor, la manipulación psicológica progresiva y el aprovechamiento de su autoridad en el entorno doméstico, impidiendo cualquier denuncia. La fase de ejecución corresponde a los múltiples actos de violación reiterada que generaron consecuencias físicas y psicológicas graves.La consumación se configura con la afectación efectiva del bien jurídico protegido: la libertad sexual e indemnidad de la menor.

Desde la perspectiva subjetiva, el comportamiento del acusado fue plenamente doloso. Hubo intención sostenida, ausencia de remordimiento, reiteración delictiva y ningún indicio de colaboración procesal efectiva. Los elementos objetivos fueron documentados en pruebas materiales: exámenes clínicos, testimonios consistentes, informes médicos-legales y pericias psicológicas que verifican daño emocional, trauma persistente y desestructuración de la vida afectiva de la víctima.

El núcleo del conflicto jurídico radica en si es válido, conforme al principio de proporcionalidad, reducir la pena por debajo del mínimo legal establecido para delitos sancionados con cadena perpetua. La Fiscalía alegó vulneración de los principios de legalidad, congruencia recursal y protección a la víctima. Cuestionó la ausencia de una fundamentación sólida y razonable, ya que la reducción no fue solicitada por la defensa ni estuvo debidamente motivada.

La Corte Suprema admitió el recurso de casación a fin de evaluar si la reducción vulneró el ordenamiento penal. El caso evidencia la tensión entre *los fines preventivos y resocializadores de la pena, la proporcionalidad, la legalidad penal y la debida protección de los derechos fundamentales de las víctimas menores de edad. Esta decisión marcará precedente respecto a los límites judiciales para la reducción del quantum en delitos contra la libertad sexual, donde la reiteración y el daño son evidentes.